Las ONGs Mensajeros de la Paz – Madrid y Policía Solidaria del Sindicato Unificado de Policía vienen observando que:
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El sistema educativo está demostrando ser ineficaz o insuficiente en la formación de los adolescentes. Tal como está configurado el sistema, existen ciertas “trampas” que permiten que cada vez sean más los chicos y las chicas que no llegan a obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y además abandonan el sistema educativo. Según datos del Ministerio de Educación, la tasa de abandono escolar temprano en España se sitúa en el 31,9%, mientras que en la Unión Europea la media se cifra en un 14,9%. De ellos, muchos son derivados hacia áreas formativas encaminadas a la formación profesional (Unidades de Formación e Inserción Laboral -UFIL-, Programas de Cualificación Profesional Inicial -PCPI-, Aulas de compensación educativa –ACES- o similares -en cada comunidad autónoma reciben un nombre diferente); otros simplemente desaparecen del sistema. En el caso de los PCPI, si los alumnos no cursan el segundo ciclo (voluntario), no pueden obtener el título de Graduado en ESO. Por lo que muchos, terminan su formación profesional del primer ciclo, realizan las prácticas y comienzan a buscar trabajo. En el caso de las UFIL, la situación es más clara aún, ya que están destinadas a personas que dejaron el sistema, están en situación de marginación o en riesgo de exclusión social o tienen problemas para adaptarse al medio escolar. ¿Hasta qué punto opciones formativas como éstas son realmente incluyentes y persiguen la integración de los alumnos que presentan dificultades de muy diversa índole para cursar la ESO, o son una opción que termina de excluir y etiquetar a esos alumnos como “personas con capacidades insuficientes”? ¿No se debería promover una mayor permanencia en la educación “obligatoria”, especialmente en el caso de esta población que atraviesa dificultades a nivel social y personal? ¿Hasta qué punto tiene sentido formar a estos adolescentes para el desempeño de una profesión si no poseen el certificado de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, nivel mínimo exigido en cualquier trabajo? Esta situación invita a preguntarse qué estamos haciendo mal, pues se está permitiendo que parte del futuro de nuestra sociedad no alcance la formación mínima exigida para trabajar. La Sociedad está abocando a estos jóvenes, ya excluidos sociales por su paso por el sistema educativo, a buscar una alternativa a la socialmente establecida que les permita cubrir sus necesidades básicas, siendo una de las mismas la mendicidad, y otra por qué no citarla, la delincuencia común.
Cabe preguntarse también qué tanto por ciento de ese 31,9 % son adolescentes que están dentro del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Esta duda surge a raíz de las conclusiones extraídas de un estudio realizado por la Universidad de Girona, enmarcado en el proyecto europeo “YIPPEE (Young people from a public care background pathways to education in Europe)”. En éste se observa cómo este grupo de población está en desigualdad de oportunidades educativas, ya que mayoritariamente son encaminados a las mencionadas áreas de formación profesional, sin apenas dejarles decidir qué itinerario educativo/formativo desean seguir.
Ya hemos visto que el no tener la educación mínima exigida para trabajar te excluye socialmente, pero se acrecienta aún más, cuando dicha personas tampoco disponen del permiso necesario que le permita trabajar, por ejemplo en el caso de extranjeros.
Por lo tanto, solicitamos de los partidos políticos:
Se arbitren las medidas preventivas oportunas antes de que el alumnado curse la Educación Secundaria Obligatoria, a través de medidas similares a las que se aplican una vez que abandonan el sistema educativo, es decir, aplicar programas con reducciones de ratio, currículo con más competencias profesionales y atención y orientación personalizada, en especial, a los chicos que tienen factores de alto riesgo.
Se establezcan programas formativos paralelos a aquel que permite obtener el título mínimo exigido para trabajar, en el que tengan cabida aquellos alumnos que por los muy diversos motivos hayan quedado en exclusión, que les permita a la finalización del programa incorporarse al mundo laboral.
Se realicen las políticas sociales necesarias que permitan a los extranjeros “sin papeles” menores no acompañados dotarles de la documentación y formación académica necesaria, para en previsión de no conseguir la repatriación a sus países de origen, tengan un porvenir dentro de los límites que marca la sociedad española.
Este texto ha sido remitido a las principales formaciones políticas de la Comunidad de Madrid (PP, PSOE, IU, UPyD y PUM+J)