Propuesta electoral a los partidos políticos

Atención a los menores. Políticas eficaces contra la

marginación, la pobreza, la exclusión y la delincuencia.

La ONG Mensajeros de la Paz, fundada en 1962, tiene como uno de sus objetivos dar un hogar a los niños de la calle, sin familia o abandonados, contribuyendo a su bienestar, educación e inserción en la sociedad.

La ONG Policía Solidaria, fundada por el Sindicato Unificado de Policía en 2001, tiene entre sus objetivos el de ayudar a entidades, ONGs o personas que desinteresadamente realicen una labor social de solidaridad y apoyo con marginados, excluidos, menores sin familia, inmigrantes o personas que precisen de nuestra solidaridad.

En el transcurso de conversaciones mantenidas entre Mensajeros de la Paz de Madrid y Policía Solidaria, hemos detectado situaciones que tras ser analizadas nos impulsan a remitir esta carta de petición a los partidos políticos, pidiendo su intervención para una regulación legal humanista del tratamiento que reciben en España los menores sin hogar, españoles y extranjeros.

Los agentes sociales de Mensajeros de la Paz y los policías de Policía Solidaria han llegado a la conclusión de que existe una deficiente regulación de todo lo referente al tratamiento que los menores sin hogar reciben en este país, que se traduce en ineficacia de las políticas aplicadas, en derroche de recursos al no contribuir al fin último perseguido –la inserción del menor en la sociedad al alcanzar la mayoría de edad-, en injusticia y trato inhumano, y en una posible avocación de los menores a la marginación, la pobreza, la exclusión o, en la peor de las hipótesis, la criminalidad.

Por ello pedimos a los partidos políticos que en los programas electorales con los que concurrirán a las elecciones del próximo 9 de marzo, analicen la conveniencia de comprometer cambios legales en orden a:

– Ampliar la edad de la asistencia social a dichos menores hasta los 25 años, según las circunstancias individuales. Se da el caso de jóvenes en proceso de formación que a los 18 años deben ser abandonados a su suerte por imperativo legal, frustrando un proceso de estudio y form[Image]ación profesional que, de ampliarse en el tiempo, podría concluir con su inserción en la sociedad y en el mercado laboral. Frustrar esta expectativa es inducir al joven a la marginación y la exclusión social, con las consecuencias que ello puede acarrear para el futuro del menor y de la sociedad.

– Revisar la expulsión de los menores extranjeros. Desconociendo los datos del número de menores que se repatrían a sus países de origen, es evidente que el número de ellos es absolutamente insignificante en comparación con el de ciudadanos “turistas” que ingresan en nuestro país en tal condición y después permanecen ilegalmente en el mismo. La expulsión de menores residentes ilegales parece destinada exclusivamente a ser ejemplarizante, y presuntamente pretende disuadir a otros menores, o sus padres, para que desistan de su intención de trasladarse a occidente a través de España. Además de que el mensaje es de dudosa eficacia, la “proporcionalidad” empleada para emitirlo parece de todo punto desproporcionada, pues se trata de devolver a un menor que se ha jugado la vida a su país, con el riesgo de que pueda volver a arriesgar su vida para regresar.

– España y la UE tienen capacidad para resolver este fenómeno de la inmigración infantil, y para detenerla en origen, sin necesidad de aplicar este criterio de repatriación de menores, tan injusto desde el punto de vista de una mínima consideración humana.

– Modificar las normas legales precisas para prestar una mejor atención a los menores españoles y extranjeros es una garantía de incremento de la eficacia en el tratamiento de los mismos, y un incremento considerable de las posibilidades de integrarlo en nuestra sociedad. Y esto, que es un objetivo loable que debieran compartir todos los partidos políticos, es también un objetivo que persiguen la ONGs Mensajeros de la Paz y Policía Solidaria, en cuanto coincide con su ideario existencial y por ello han decidido remitir esta propuesta a los distintos grupos políticos, planteando una reforma legal que proteja mejor a los menores y garantice más eficacia en la integración social de los mismos.

– Ningún dato avala que la norma actual, restrictiva, de atención a los menores, sea más eficaz que la que alternativa que planteamos. Ello nos impulsa a realizar esta petición en la seguridad de que, si es aceptada y se llevan a la práctica las modificaciones legales precisas, se producirá un efecto positivo, de mejor inserción social de los menores sin hogar, españoles y extranjeros, y se reducirá drásticamente la marginación, exclusión, pobreza y recurso a la delincuencia de los mismos, con un claro beneficio para ellos y la sociedad en la que pretendemos que se integren.