1.-Los inmigrantes ilegales son personas indefensas y sin recursos que buscan una vida mejor, y sólo por ello sin haber cometido ningún tipo de ilícito penal, no deben ser tratados como delincuentes.
2.-Los políticos en vez de buscar soluciones al problema de la inmigración ilegal aplicando políticas sociales, se afanan en utilizar políticas policiales que no hacen más que agravar la situación, fletando aviones donde se expulsa a inmigrantes como si se tratase de mercancía, a la vez que abocan a los policías españoles a poner en peligro su vida en países donde gobiernan las mafias.
3.-El problema que suscita la inmigración ilegal en España no debe ser atajado sólo en nuestro propio país, sino que el foro necesario para buscarle solución pasa por la Unión Europea y por la ONU.
4.-En estos últimos años hemos observado como las administraciones autonómicas y central han escenificado diversos enfrentamientos respecto al 
reparto por comunidades de los menores “sin papeles” que llegaban a nuestro país, teniendo para ello en cuenta qué grupo parlamentario gobernaba en según que comunidad autónoma. Este “gravísimo” problema competencial entre administraciones, que tantas hojas de periódico llenó, no es más que una nimiedad cuando se trata de buscar soluciones al problema de la inmigración ilegal. En este caso los árboles no permiten ver el bosque.
5.-Los “sin papeles” menores de edad merecen una especial mención. Arriesgan su vida para llegar a España, son acogidos por las CC. AA., y en alguna de ellas se les “sustrae” el pasaporte, hecho éste que les trae innumerables problemas con la policía al carecer de documentación. Las CC.AA. les incluyen en planes de formación que se interrumpen a la llegada de la mayoría de edad, donde bien son expulsados a sus países de origen o se les abandona a su suerte en las calles de nuestras ciudades. Son carne de cañón de la delincuencia.
6.-Y por último nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Qué beneficio encuentra España en repatriar a estos menores? No se recupera el dinero invertido en su tutela por las administraciones, al no permitirles quedarse en España y desarrollar una actividad laboral. Igualmente al ser repatriados sin haber finalizado la formación laboral que se le estaba impartiendo en España, les obliga a incorporarse al mundo laboral en los trabajos más sacrificados de su país de origen.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el pasado nos hemos dirigido a los partidos políticos con Mensajeros por la Paz, solicitando la ampliación de la tutela de los menores hasta los 25 años, edad en la que ya han debido completar su formación, y en la que las posibilidades laborales son mayores, sea en España o en su país de origen.
Las personas “sin papeles” en nuestro país no son delincuentes. Cometen una infracción administrativa, no un delito, y deben ser tratados respetando escrupulosamente sus derechos y la dignidad inherente a todo ser humano, como establece nuestra Constitución y otras normas anteriores a las que se remite la Carta Magna española, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dicho esto, ahora compete a la clase política realizar las modificaciones legislativas pertinentes para conseguirlo. «