Tutelados pero sin papeles

«Coge tus cosas y hasta luego». Moussa cumplió 18 años y le enseñaron la puerta de la calle. Sin papeles. Feliz cumpleaños. Nadie había tramitado su documentación. Nunca. Y lleva ocho años en España, adonde llegó desde Marruecos oculto en los bajos de un camión. Su caso coincide con el del 90% de los menores extranjeros tutelados por la Administración pública. Siempre y cuando provengan de países como Marruecos o los subsaharianos. Pero legalmente debería concedérseles la residencia temporal a los nueve meses de estancia. «La ley lo dice bien clarito», subraya un policía nacional. El trámite, según varios abogados consultados, es sencillo: «De oficio se debe darles ese derecho porque así lo marca la normativa». Esa obligación legal sirve a los niños para sentirse protegidos y también para facilitar su posterior legalización de adultos. Moussa ha recibido una educación obligatoria. Un taller para aprender un oficio. Pero mientras tanto, cada día en la calle ha sentido la amenaza policial. Las visitas periódicas al Grume (Grupo de Menores de la Policía Judicial) cuando le sorprendían por la calle sin una sola acreditación de su identidad. Y la paradoja de iniciar unos estudios, auspiciado por las administraciones, que le conducen a ninguna parte: sin documentación no puede trabajar. Además, no concluirá sus clases hasta después de la mayoría de edad. Y para entonces ya estará desamparado: «Abocado a la delincuencia o la mendicidad», según el experimentado diagnóstico de Rodrigo Perela, cabeza visible de Mensajeros de la Paz en Madrid. Así, aún menores, hay 300 niños en Madrid. Según los cálculos de muchos de sus educadores y de ellos mismos, el 90% carece de documentación si se trata de menores africanos (magrebíes o subsaharianos). Las cifras oficiales son ocultas para proteger la intimidad de los niños, una paradoja que convierte en un mundo insondable lo que atañe a estos críos. Aunque esta circunstancia la admite sin cuantificar la Administración madrileña, que achaca el problema a Interior. Una acusación que rechaza de plano un portavoz de la Delegación del Gobierno.

«Gestionar los expedientes de estos chicos es algo prioritario y la coordinación entre administraciones es total. Si no se hace será porque no llegan los expedientes», zanjan con una convicción que contrasta con las experiencias de quienes viven el día a día de los centros de menores.

Dani, ahora con 21 años, es nigeriano. Tiene una minusvalía del 60%. Una ligera protuberancia sale de su espalda. Ahora vive en un piso de Mensajeros de la Paz, una de las tres instituciones que no abandona a los chicos cuando se hacen mayores. Nunca le dieron papeles. Ni oportunidades. Acabó en la plaza de Castilla como gorrilla, aunque apenas puede moverse con sus piernas rengas y correteaba, según su propia descripción, con dolores. También malvivía en casa de un compatriota algo mayor, y algo más resabiado de lo que es la vida del inmigrante: «Tienes que recurrir a tu gente, y ellos se buscan la comida como pueden. Sin papeles no hay otro remedio», comenta con una sonrisa algo infantil Dani mientras su menuda figura queda engullida por un sofá del piso que ahora comparte con otros dos chicos que también fueron tutelados por la Comunidad.

Desde la Asociación La Calle, otra de las que no dejan tirados a los menores cuando reciben el regalo de cumpleaños de su mayoría de edad, el desarraigo total, consideran que «Madrid en esto es un desastre y se actúa de manera muy negligente». De hecho, recuerdan que la propia cabeza visible del Instituto del Menor y la Familia, Paloma Martín, abroncó a las asociaciones que no abandonaban a los chicos «porque crea un efecto llamada desde otras Comunidades». Las asociaciones reciben un dinero por cuidar de los menores, pero cuando crecen, las ayudas económicas también concluyen, con lo que muchas de ellas optan por desembarazarse de ellos.

El abogado Nacho La Mata ha conseguido en sentencias recientes que estas ONG puedan arreglar y gestionar trámites relevantes de los menores, aunque no sean sus tutores legales (lo es la Comunidad). El fundamento es que se puede presuponer que exista «un perjuicio para los niños en las acciones que sobre ellos ejercen sus propios tutores». Y su tutor es la Administración, que en ocasiones no ha defendido los intereses de los muchachos. El Defensor del Pueblo y el propio Fiscal de Madrid, Eduardo Esteban, también han llamado la atención al IMMF por practicar pruebas de mayoría de edad en entidades privadas y no solicitadas desde ningún juzgado. «Algo así como secuestrar a los niños», sostienen algunos expertos. «La principal preocupación nuestra son los menores», replican desde la Consejería de Asuntos Sociales, desde donde se asegura que se comienzan los expedientes antes de lo que establece. «Lo hacemos en tres meses en lugar de los seis que se da de plazo». Desde luego, las peticiones de repatriación las hacen de manera casi instantánea. Pero ese trámite burocrático que tanto asusta a los chicos -hasta el punto de que muchos se escapan en el momento que saben que se ha iniciado-, en teoría es a favor de su interés. La idea es que los menores no acompañados siempre estarán mejor con sus familias. Y si sus familias están en sus países de origen, pues lo suyo es que vuelvan a ellos.

La Comunidad se lamenta de la falta de coordinación con Interior y asegura que las «administraciones estamos desamparadas también». También que quieren un acuerdo y que las cosas se pongan «claras y por escrito». También recuerdan que ellos no tienen ninguna competencia en inmigración. Por supuesto, los chicos no lo interpretan así. Es el caso de Otman, nombre supuesto, que todavía es menor. Este chico barbilampiño y vestido íntegramente de blanco, ha pasado mucho miedo. Tanto que falsificó su propia documentación a través «de un amigo», y esto lo dice con una sonrisa algo cansina, para sortear las famosas pruebas de mayoría de edad. La suya dio entre 17 y 18 años. Luego consiguió sus papeles reales. Pero ahora nadie se los cree. Y le quieren echar. En realidad, cumple los 18 dentro de cuatro meses. No le importa desde el punto de vista práctico demasiado, pero le fastidia que no le crean: «Siempre he vivido con miedo, desde el principio. Todo lo que hacen es para echarte, nada nunca para ayudar», dice en un parco español. En teoría cualquier circunstancia dudosa debería resolverse a favor del niño.

Su caso ejemplifica el de otros muchos. Las documentaciones falsas son un negocio. «Una mafia», según explica otro de estos chavales marroquíes, que se mueve alrededor de los centros de estancia temporal de inmigrantes. Los papeles se consiguen en Marruecos, pero quienes los ofertan -siempre «unos amigos»- son grupos organizados alrededor del pánico a la expulsión que sienten estos chicos. Un comercio opaco que se mueve a través de redes de conocidos de los niños.

Una sensación de terror que se nota hasta en los más pequeños. Algunos niños que asisten a las sesiones terapéuticas para niños muy traumatizados pintan negras escenas en sus dibujos infantiles. Significan el pozo de la falta de amparo documental. Y el miedo a ser devueltos a una realidad aún más triste que la que viven tutelados. «Hemos visto historias terroríficas que no se pueden contar por proteger la intimidad de los críos, pero algunas afectan a niños muy pequeñitos y tutelados», revela una de las psicólogas de la unidad de menores en riesgo de grave trauma. Por eso, muchos de ellos participan involuntariamente en su círculo vicioso. No colaboran lo que deberían con las administraciones por miedo a que eso sirva para repatriarlos y no para fabricarles un futuro mejor y con sus permisos en regla. La primera acción administrativa es solicitar un expediente de repatriación a Interior.

Algunos de ellos tienen motivos para la sospecha. Es el caso de otro chico marroquí. Abdel ahora es mayor de edad, tiene 22 años, y vive en uno de los tres pisos que Mensajeros de la Paz gestiona para estos muchachos. Su peripecia fue tan lamentable que acabó en una cárcel para adultos siendo menor de edad, según sentencia judicial. Su delito fue pelearse con resultado de lesiones a otros. Lo relata él y lo corrobora un dossier documental de su caso. «Nadie vino a traer los papeles a comisaría y me llevaron al forense para que me hiciera la prueba de la muñeca». El veredicto fue que tenía 18 años. Su pasaporte decía que tenía 17. En primera instancia, un juez dio por buena la prueba pericial y no admitió la documentación marroquí. Pasó seis meses en Alcalá-Meco hasta que otro juez valoró el testimonio de su familia en Marruecos y la partida de nacimiento aportada por estos. Salió libre.